En el contexto de la Ley para la Reforma del Estado, el Partido de la Revolución Democrática presenta en el seno de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, propuestas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al marco jurídico, con el propósito de transformar profundamente las instituciones de nuestro país, de acuerdo a lo dispuesto en la Plataforma de la Coalición por el Bien de Todos, los programas de las fuerzas políticas integrantes del Frente y con la firme aspiración de construir un proyecto alternativo de Nación.
Se nutrirá del impuso democrático de la sociedad, de su carácter plural e incluyente, y deberá responder necesariamente al enorme problema representado por el hecho de que más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Habrá de posibilitar la existencia de instituciones para consolidar la democracia y la economía; de instituciones que fortalezcan nuestro estado de derecho y combatan, con eficacia y respeto a los Derechos Humanos, la inseguridad y el crimen organizado, queremos hacer de nuestra Constitución un texto armónico, congruente, que incorpore sin equívocos la visión de género, el concepto del estado laico, el principio del desarrollo sustentable y la inclusión de los pueblos indígenas.
Las propuestas de reforma integran las aportaciones de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio Progresista, los puntos de vista de las organizaciones sociales más representativas de la sociedad, y el conocimiento de académicos y especialistas en los diversos temas que integran las mesas de la Reforma del Estado.
Se trata de reformas de gran envergadura que implican, de hecho, una revisión integral de la Constitución. Contiene, en el tema de Régimen de Estado y Gobierno, 63 propuestas que modificarían igual número de Artículos constitucionales; en el tema de Democracia y Sistema Electoral, 105 que involucran 13 Artículos; en Federalismo, 38 que adecuarían 24 Artículos; en Reforma al Poder Judicial, 51 que modificarían 35 artículos, y en Garantías Sociales, 49 propuestas que involucrarían 19 artículos. En total presentamos 316 propuestas que reformarían 87 Artículos de nuestra Carta Magna.
Entre las propuestas más significativas se encuentran:
I. Régimen de Estado y Gobierno
1. Diseñar una nueva arquitectura constitucional que provea mecanismos para la gobernabilidad, entre los cuales se propone la creación de la figura de Jefe de Gobierno, que coordine las acciones del Ejecutivo, las articule con el Legislativo e impulse la construcción de coaliciones parlamentarias y de gobierno estables.
2. Fortalecer al Poder Legislativo al:
Ø Dar a la Cámara de Senadores la facultad de ratificar el Plan Nacional de Desarrollo;
Ø Dar a las cámaras del Congreso de la Unión la facultad de ratificar a los funcionarios del gabinete, y
Ø Dotar de mayores capacidades a las comisiones legislativas en materia de investigación, fiscalización y dictaminación.
3. Promulgar la Constitución del Distrito Federal y otorgarle atribuciones plenas como entidad federativa.
4. Establecer y elevar a rango constitucional los instrumentos de participación ciudadana como plebiscito, referéndum e iniciativa popular.
5. Crear Órganos Constitucionales Autónomos.
Ø Conferir este rango a la Auditoría Superior de la Federación.
6. Reformar la Ley de Radio y Televisión para democratizar el ámbito de los medios de comunicación y garantizar la expresión plural de la sociedad.
II. Democracia y Sistema Electoral
1. Consagrar en la Constitución el principio de Equidad de género y garantizar que todo partido político aplique el criterio de paridad para la postulación de candidaturas.
2. Prohibir el uso comercial de radio y televisión con fines políticos electorales, privilegiado los tiempos del Estado para el uso de partidos y candidatos a las campañas.
3. Proscribir el financiamiento privado para partidos políticos y candidatos.
4. Establecer el principio de reparto equitativo del financiamiento público, la mitad con criterio igualitario y la otra en proporción a la votación obtenida.
5. Regular las precampañas, así como los programas sociales y la propaganda gubernamental en periodos electorales.
6. Compactar y homologar los procesos electorales, reducir los topes de gastos de campaña y adoptar la utilización de urnas electrónicas.
7. Renovar el total de las autoridades electorales y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana, con vocación federativa.
8. Prohibir que el gobierno, los servidores públicos y terceros ajenos se inmiscuyan en los procesos electorales.
III. Federalismo
1. Acotar horizontalmente el régimen político, por medio de leyes relacionadas con materias concurrentes y con la coordinación intergubernamental, que se sujeten a principios constitucionales tales como la cooperación, la subsidiariedad y la solidaridad.
2. Fortalecer los órganos de fiscalización de la Federación y de los estados, a través de sus facultades de control, fiscalización y transparencia, modificando el calendario de la presentación de la Cuenta Pública y sujetando a sus servidores públicos al régimen de responsabilidades de la Constitución.
3. Redistribuir las facultades y funciones que contempla el Artículo 124 Constitucional, para pasar a un sistema de facultades expresas a favor de los estados.
4. En materia municipal, reivindicar el reconocimiento del municipio como depositario de la soberanía popular: en consecuencia, que puedan contar con su propia ley orgánica; acotar las hipótesis de la desaparición de ayuntamientos; revisar el sistema electoral municipal para darle más peso al órgano legislativo que es el cabildo; fortalecer la hacienda municipal, y ampliar las funciones de servicios públicos.
5. Sobre los municipios indígenas, reconocer la diversidad de los municipios como punto de partida para reivindicar sus derechos así como facilitar su creación con criterios poblacionales y de asentamiento territorial, para cumplir con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
6. Impulsar las relaciones intergubernamentales tanto entre gobernadores como entre municipios.
IV. Reformas al Poder Judicial
1. Crear un Tribunal Constitucional que sea un contrapeso a la enorme influencia de los partidos en el ejercicio del poder y que garantice una interpretación uniforme, obligatoria y vinculatoria para todos los poderes públicos y los particulares, dotando de fuerza directa a las normas constitucionales.
2. Dotar de autonomía al Ministerio Público Penal de la Federación y de las Entidades, como parte de la adopción de un proceso penal acusatorio que permita el buen funcionamiento del sistema de justicia penal, donde el Poder Ejecutivo no intervenga en las funciones de investigación y persecución de los delitos. Es muy importante que el nombramiento y destitución del Procurador General de la República sea en base a un esquema de participación de poderes, y la intervención de la sociedad civil.
3. Adoptar un sistema penal acusatorio como inicialmente lo establecía la propia constitución de 1917, en el cual tanto el inculpado como la víctima de un delito tengan una equidad procesal; en el que se restauren las facultades a los jueces para que sean ellos quienes decidan la sujeción a proceso de un inculpado y, en su caso, el sentido de la sentencia, y para que las pruebas sean presentadas y valoradas por el propio juzgador. Este sistema acusatorio implicaría el establecimiento de juicios orales, públicos, concentrados y adversariales, los cuales permitan a los ciudadanos contar con la garantía de un debido proceso para salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia y el respeto íntegro a los Derechos Humanos.
4. Transformar el Sistema Penitenciario, pues es preciso reorientarlo para que el cumplimiento de la sanción sea en condiciones dignas. Por lo tanto se requiere una revisión del concepto de readaptación, además de eliminar las facultades discrecionales de la autoridad administrativa para otorgar los beneficios preliberacionales, y establecer la figura de los jueces de ejecución de sentencias.
5. En materia de Prevención del Delito y Seguridad Pública, introducir las bases para desarrollar una política integral de Prevención Social del Delito como obligación del Estado, y crear mecanismos ciudadanos para la evaluación de la actuación de los cuerpos policiacos con base en el control, la rendición de cuentas y la transparencia.
6. Regular la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública considerando la selección, ingreso, promoción, permanencia y certificación, e instaurar la evaluación de las políticas, resultados y costos de la seguridad pública por parte del Poder Legislativo.
V. Garantías Sociales
1. Elevar a rango constitucional los Tratados y Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos y cambiar la denominación constitucional de “Garantías individuales” a “Derechos Humanos”.
2. Elevar a rango constitucional el Derecho a la Alimentación y el Derecho al Agua.
3. Elevar a rango constitucional el Derecho universal a la Salud de calidad, equitativo y sin discriminación alguna.
4. Incorporar al texto constitucional el concepto de Estado laico.
5. Establecer un órgano autónomo denominado Consejo Social y Económico del Estado incluyente, participativo, plural y democrático, que oriente la planeación democrática del desarrollo nacional.
6. Incorporar a la Constitución el principio de equidad de género, que implicaría aplicar la transversalidad en la perspectiva de género.
7. Reformar integralmente la Ley Federal del Trabajo.
8. Establecer que la Cámara de diputados fije los salarios mínimos.
9. Universalizar la educación desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, y establecer la obligatoriedad de la educación media superior.
10. Establecer una política de Estado en materia presupuestal multianual, para la educación, la ciencia y la tecnología, y fijar mecanismos para su exigibilidad y el cumplimiento de la asignación del 8% del PIB a educación y el 3% a ciencia y tecnología.
11. Incorporar el concepto de calidad de vida como tarea sustantiva del Estado.
12. Reconocer como derecho preferente de los pueblos y comunidades indígenas el uso de los recursos naturales, la conservación, protección, gestión, uso y aprovechamiento de los mismos ubicados en sus tierras y territorios, así como la salvaguarda y uso del conocimiento cultural sobre la biodiversidad y su material genético.
13. Establecer las bases de una Ley de Desarrollo para los Pueblos indígenas, que especifique los recursos destinados para los pueblos.
Propuesta para un marco conceptual de cooperación para la reforma del Estado 2002 – 2021
A. Características de la transición estatal
El primer aspecto que debemos tomar en cuenta es que el Estado moderno del siglo XXI, responde a una lógica que ya no es lineal ni de resolución de problemas de corto plazo, sino también de capacidad para prever los problemas de mediano y largo plazo para resolverlos en el corto plazo. Es un Estado con capacidad de previsión y eficacia institucional, es una ruptu-ra conceptual y temporal con las reformas inconclusas y gerencialistas del siglo XX. Es “el mejoramiento de las capacidades de los estados para ejercer una influencia activa sobre el futuro, conduciendo las sociedades, de forma que sea posible reducir lo malo y aumentar lo bueno, a medida que cambian en el tiempo y a la luz que se enfrentan con la incertidumbre y lo inconcebible”. En esa línea de acción Membreño considera las siguientes características del Estado del siglo XXI, en función de las tendencias del escenario mundial. Resumimos esas características:
• Potencialidad de incidir en fenómenos globales críticos.
• Procesos globales modernos más penetrantes y consustanciales en su influencia (globalización financiera).
Las redes que interactúan abarcan el globo de forma inmediata.
• El número de países y poblaciones mundialmente activos está creciendo rápidamente con desplazamiento de occidente a oriente.
• Existe una tendencia hacia una civilización global con valores y perspectivas compartidos.
• Emergen nuevos actores mundiales que van más allá del control del gobierno.
• La economía mundo está globalizada con mayores actores globales que no pertenecen a un país.
• Tendencias a conflictos globales: mundiales y regionales con relativas zonas de paz y de turbulencia.
• Algunos procesos globales se acercan a una crisis manifiesta.
• Naturaleza rápida, no lineal, nerviosa, revolucionaria y tendente a la crisis de los procesos.
En concreto el Estado no es estático pese a las fuerzas sociales y políticas que defienden el statu quo. Las tendencias y fuerzas poderosas que han moldeado el siglo XXI se intensifican y conducen a escenarios imprevisibles y altamente complejos, los actores son también más complejos y los procesos de transformación son más refinados y multidimensionales.
B. Ejes estratégicos
Desde la perspectiva del nuevo gobierno se plantean siete ejes estratégicos de intervención:
• La seguridad ciudadana y la defensa
• La profundización de la democracia y la
Gobernabilidad
• La reactivación económica y la generación de empleo
• El combate a la pobreza y el Desarrollo humano
• La descentralización
• La sustentabilidad ambiental
• Las relaciones internacionales y cooperación
Bibliografía:
Membreño Cedillo, Sergio A. M52 Honduras: Reforma del Estado, política publica y capacidad de gobierno para la integración en el siglo XXI / Sergio A. Membreño Cedillo. -- 1a. ed.-- Tegucigalpa: PNUD, 2003. 48 p.
Propuesta de Reforma laboral del Partido Revolucionario Democrático.
http://formacionpolitica.prd.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=217:propuesta-de-reforma-del-estado-del-prd&catid=45:reforma&Itemid=13
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