Propuesta de Reforma del Estado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En el contexto de la Ley para la Reforma del Estado, el Partido de la Revolución Democrática presenta en el seno de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, propuestas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al marco jurídico, con el propósito de transformar profundamente las instituciones de nuestro país, de acuerdo a lo dispuesto en la Plataforma de la Coalición por el Bien de Todos, los programas de las fuerzas políticas integrantes del Frente y con la firme aspiración de construir un proyecto alternativo de Nación.

Se nutrirá del impuso democrático de la sociedad, de su carácter plural e incluyente, y deberá responder necesariamente al enorme problema representado por el hecho de que más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Habrá de posibilitar la existencia de instituciones para consolidar la democracia y la economía; de instituciones que fortalezcan nuestro estado de derecho y combatan, con eficacia y respeto a los Derechos Humanos, la inseguridad y el crimen organizado, queremos hacer de nuestra Constitución un texto armónico, congruente, que incorpore sin equívocos la visión de género, el concepto del estado laico, el principio del desarrollo sustentable y la inclusión de los pueblos indígenas.

Las propuestas de reforma integran las aportaciones de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio Progresista, los puntos de vista de las organizaciones sociales más representativas de la sociedad, y el conocimiento de académicos y especialistas en los diversos temas que integran las mesas de la Reforma del Estado.

Se trata de reformas de gran envergadura que implican, de hecho, una revisión integral de la Constitución. Contiene, en el tema de Régimen de Estado y Gobierno, 63 propuestas que modificarían igual número de Artículos constitucionales; en el tema de Democracia y Sistema Electoral, 105 que involucran 13 Artículos; en Federalismo, 38 que adecuarían 24 Artículos; en Reforma al Poder Judicial, 51 que modificarían 35 artículos, y en Garantías Sociales, 49 propuestas que involucrarían 19 artículos. En total presentamos 316 propuestas que reformarían 87 Artículos de nuestra Carta Magna.



Entre las propuestas más significativas se encuentran:

I. Régimen de Estado y Gobierno

1. Diseñar una nueva arquitectura constitucional que provea mecanismos para la gobernabilidad, entre los cuales se propone la creación de la figura de Jefe de Gobierno, que coordine las acciones del Ejecutivo, las articule con el Legislativo e impulse la construcción de coaliciones parlamentarias y de gobierno estables.

2. Fortalecer al Poder Legislativo al:
Ø Dar a la Cámara de Senadores la facultad de ratificar el Plan Nacional de Desarrollo;
Ø Dar a las cámaras del Congreso de la Unión la facultad de ratificar a los funcionarios del gabinete, y
Ø Dotar de mayores capacidades a las comisiones legislativas en materia de investigación, fiscalización y dictaminación.

3. Promulgar la Constitución del Distrito Federal y otorgarle atribuciones plenas como entidad federativa.

4. Establecer y elevar a rango constitucional los instrumentos de participación ciudadana como plebiscito, referéndum e iniciativa popular.

5. Crear Órganos Constitucionales Autónomos.
Ø Conferir este rango a la Auditoría Superior de la Federación.
6. Reformar la Ley de Radio y Televisión para democratizar el ámbito de los medios de comunicación y garantizar la expresión plural de la sociedad.

II. Democracia y Sistema Electoral

1. Consagrar en la Constitución el principio de Equidad de género y garantizar que todo partido político aplique el criterio de paridad para la postulación de candidaturas.

2. Prohibir el uso comercial de radio y televisión con fines políticos electorales, privilegiado los tiempos del Estado para el uso de partidos y candidatos a las campañas.

3. Proscribir el financiamiento privado para partidos políticos y candidatos.

4. Establecer el principio de reparto equitativo del financiamiento público, la mitad con criterio igualitario y la otra en proporción a la votación obtenida.
5. Regular las precampañas, así como los programas sociales y la propaganda gubernamental en periodos electorales.

6. Compactar y homologar los procesos electorales, reducir los topes de gastos de campaña y adoptar la utilización de urnas electrónicas.

7. Renovar el total de las autoridades electorales y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana, con vocación federativa.

8. Prohibir que el gobierno, los servidores públicos y terceros ajenos se inmiscuyan en los procesos electorales.

III. Federalismo

1. Acotar horizontalmente el régimen político, por medio de leyes relacionadas con materias concurrentes y con la coordinación intergubernamental, que se sujeten a principios constitucionales tales como la cooperación, la subsidiariedad y la solidaridad.

2. Fortalecer los órganos de fiscalización de la Federación y de los estados, a través de sus facultades de control, fiscalización y transparencia, modificando el calendario de la presentación de la Cuenta Pública y sujetando a sus servidores públicos al régimen de responsabilidades de la Constitución.

3. Redistribuir las facultades y funciones que contempla el Artículo 124 Constitucional, para pasar a un sistema de facultades expresas a favor de los estados.

4. En materia municipal, reivindicar el reconocimiento del municipio como depositario de la soberanía popular: en consecuencia, que puedan contar con su propia ley orgánica; acotar las hipótesis de la desaparición de ayuntamientos; revisar el sistema electoral municipal para darle más peso al órgano legislativo que es el cabildo; fortalecer la hacienda municipal, y ampliar las funciones de servicios públicos.

5. Sobre los municipios indígenas, reconocer la diversidad de los municipios como punto de partida para reivindicar sus derechos así como facilitar su creación con criterios poblacionales y de asentamiento territorial, para cumplir con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

6. Impulsar las relaciones intergubernamentales tanto entre gobernadores como entre municipios.


IV. Reformas al Poder Judicial

1. Crear un Tribunal Constitucional que sea un contrapeso a la enorme influencia de los partidos en el ejercicio del poder y que garantice una interpretación uniforme, obligatoria y vinculatoria para todos los poderes públicos y los particulares, dotando de fuerza directa a las normas constitucionales.

2. Dotar de autonomía al Ministerio Público Penal de la Federación y de las Entidades, como parte de la adopción de un proceso penal acusatorio que permita el buen funcionamiento del sistema de justicia penal, donde el Poder Ejecutivo no intervenga en las funciones de investigación y persecución de los delitos. Es muy importante que el nombramiento y destitución del Procurador General de la República sea en base a un esquema de participación de poderes, y la intervención de la sociedad civil.

3. Adoptar un sistema penal acusatorio como inicialmente lo establecía la propia constitución de 1917, en el cual tanto el inculpado como la víctima de un delito tengan una equidad procesal; en el que se restauren las facultades a los jueces para que sean ellos quienes decidan la sujeción a proceso de un inculpado y, en su caso, el sentido de la sentencia, y para que las pruebas sean presentadas y valoradas por el propio juzgador. Este sistema acusatorio implicaría el establecimiento de juicios orales, públicos, concentrados y adversariales, los cuales permitan a los ciudadanos contar con la garantía de un debido proceso para salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia y el respeto íntegro a los Derechos Humanos.

4. Transformar el Sistema Penitenciario, pues es preciso reorientarlo para que el cumplimiento de la sanción sea en condiciones dignas. Por lo tanto se requiere una revisión del concepto de readaptación, además de eliminar las facultades discrecionales de la autoridad administrativa para otorgar los beneficios preliberacionales, y establecer la figura de los jueces de ejecución de sentencias.

5. En materia de Prevención del Delito y Seguridad Pública, introducir las bases para desarrollar una política integral de Prevención Social del Delito como obligación del Estado, y crear mecanismos ciudadanos para la evaluación de la actuación de los cuerpos policiacos con base en el control, la rendición de cuentas y la transparencia.

6. Regular la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública considerando la selección, ingreso, promoción, permanencia y certificación, e instaurar la evaluación de las políticas, resultados y costos de la seguridad pública por parte del Poder Legislativo.


V. Garantías Sociales

1. Elevar a rango constitucional los Tratados y Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos y cambiar la denominación constitucional de “Garantías individuales” a “Derechos Humanos”.

2. Elevar a rango constitucional el Derecho a la Alimentación y el Derecho al Agua.

3. Elevar a rango constitucional el Derecho universal a la Salud de calidad, equitativo y sin discriminación alguna.

4. Incorporar al texto constitucional el concepto de Estado laico.

5. Establecer un órgano autónomo denominado Consejo Social y Económico del Estado incluyente, participativo, plural y democrático, que oriente la planeación democrática del desarrollo nacional.

6. Incorporar a la Constitución el principio de equidad de género, que implicaría aplicar la transversalidad en la perspectiva de género.

7. Reformar integralmente la Ley Federal del Trabajo.

8. Establecer que la Cámara de diputados fije los salarios mínimos.

9. Universalizar la educación desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, y establecer la obligatoriedad de la educación media superior.

10. Establecer una política de Estado en materia presupuestal multianual, para la educación, la ciencia y la tecnología, y fijar mecanismos para su exigibilidad y el cumplimiento de la asignación del 8% del PIB a educación y el 3% a ciencia y tecnología.

11. Incorporar el concepto de calidad de vida como tarea sustantiva del Estado.

12. Reconocer como derecho preferente de los pueblos y comunidades indígenas el uso de los recursos naturales, la conservación, protección, gestión, uso y aprovechamiento de los mismos ubicados en sus tierras y territorios, así como la salvaguarda y uso del conocimiento cultural sobre la biodiversidad y su material genético.

13. Establecer las bases de una Ley de Desarrollo para los Pueblos indígenas, que especifique los recursos destinados para los pueblos.



Propuesta para un marco conceptual de cooperación para la reforma del Estado 2002 – 2021

A. Características de la transición estatal

El primer aspecto que debemos tomar en cuenta es que el Estado moderno del siglo XXI, responde a una lógica que ya no es lineal ni de resolución de problemas de corto plazo, sino también de capacidad para prever los problemas de mediano y largo plazo para resolverlos en el corto plazo. Es un Estado con capacidad de previsión y eficacia institucional, es una ruptu-ra conceptual y temporal con las reformas inconclusas y gerencialistas del siglo XX. Es “el mejoramiento de las capacidades de los estados para ejercer una influencia activa sobre el futuro, conduciendo las sociedades, de forma que sea posible reducir lo malo y aumentar lo bueno, a medida que cambian en el tiempo y a la luz que se enfrentan con la incertidumbre y lo inconcebible”. En esa línea de acción Membreño considera las siguientes características del Estado del siglo XXI, en función de las tendencias del escenario mundial. Resumimos esas características:

• Potencialidad de incidir en fenómenos globales críticos.

• Procesos globales modernos más penetrantes y consustanciales en su influencia (globalización financiera).

Las redes que interactúan abarcan el globo de forma inmediata.

• El número de países y poblaciones mundialmente activos está creciendo rápidamente con desplazamiento de occidente a oriente.

• Existe una tendencia hacia una civilización global con valores y perspectivas compartidos.

• Emergen nuevos actores mundiales que van más allá del control del gobierno.

• La economía mundo está globalizada con mayores actores globales que no pertenecen a un país.

• Tendencias a conflictos globales: mundiales y regionales con relativas zonas de paz y de turbulencia.

• Algunos procesos globales se acercan a una crisis manifiesta.

• Naturaleza rápida, no lineal, nerviosa, revolucionaria y tendente a la crisis de los procesos.

En concreto el Estado no es estático pese a las fuerzas sociales y políticas que defienden el statu quo. Las tendencias y fuerzas poderosas que han moldeado el siglo XXI se intensifican y conducen a escenarios imprevisibles y altamente complejos, los actores son también más complejos y los procesos de transformación son más refinados y multidimensionales.

B. Ejes estratégicos

Desde la perspectiva del nuevo gobierno se plantean siete ejes estratégicos de intervención:

• La seguridad ciudadana y la defensa

• La profundización de la democracia y la
Gobernabilidad

• La reactivación económica y la generación de empleo

• El combate a la pobreza y el Desarrollo humano

• La descentralización

• La sustentabilidad ambiental

• Las relaciones internacionales y cooperación

Bibliografía:
Membreño Cedillo, Sergio A. M52 Honduras: Reforma del Estado, política publica y capacidad de gobierno para la integración en el siglo XXI / Sergio A. Membreño Cedillo. -- 1a. ed.-- Tegucigalpa: PNUD, 2003. 48 p.

Propuesta de Reforma laboral del Partido Revolucionario Democrático.
http://formacionpolitica.prd.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=217:propuesta-de-reforma-del-estado-del-prd&catid=45:reforma&Itemid=13

CRITERIOS PARA MEDIR EL INSTITUCIONALISMO Y REGLAS DE OPERACION

La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) es un compromiso y un esfuerzo compartido entre el gobierno, el consejo consultivo para la reducción de la pobreza y la sociedad hondureña. Con participación directa de muchos representantes de organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de identificar y consensuar las necesidades e intereses prioritarios de la nación para reducir la pobreza, así como definir la estrategia para su combate.

La ERP es una política de Estado, con una perspectiva de largo plazo, en un marco de amplia participación de la sociedad civil, con el apoyo de la cooperación internacional y cuya ejecución no se vea alterada por los cambios de gobierno. Hoy en día, la ERP constituye el documento de política pública más importante que tiene Honduras para combatir la pobreza.

Desde el punto de vista del institucionalismo, unos de los criterios que plantea Joseph E. Stiglitz que se ajusta con nuestra institución y su programa (ERP), es la correspondencia entre los objetivos y resultados: Es la conexión o coherencia entre lo que la Institución ha propuesto en su Proyecto y los resultados que obtiene o desea obtener. El cual la institución que se encarga para el combate a la pobreza de honduras tiene como objetivo: reducir la pobreza de manera significativa y sostenible para el año 2015, en base a un crecimiento económico, acelerado y sostenido, y procurando la equidad en la distribución de sus resultados, a través de un mayor acceso de los pobres a los factores de producción, incluyendo el desarrollo del capital humano, y la provisión de redes de seguridad social a favor de los sectores de la población en condiciones de extrema pobreza.

Una de Las metas globales de la ERP al 2015 como ejemplo es la siguiente:
Reducir la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en 24 puntos porcentuales. En 1999, 66 de cada 100 habitantes eran pobres, y de esos 66, 49 eran extremadamente pobres. En el 2003, había 64 pobres por cada 100 habitantes, y de esos 64, 45 eran extremadamente pobres. Para el 2015, la ERP pretende que esas cifras se reduzcan a 42 pobres por cada 100 habitantes, y de esos 42, que sólo 25 vivan en extrema pobreza.

Reforma del Estado

El concepto de reforma del Estado influye gran cantidad de temas que pertenece a los ámbitos de la política económica, política social, administración pública, política electoral, a la naturaleza del Estado, entre otros.

Las reformas al Estado son procesos inducidos cuyos objetivos esenciales buscan que el Estado asegure su supervivencia y su funcionalidad ante los incesantes cambios económicos, políticos y sociales de cada país. La referencia a reformas estatales en otros países permite identificar logros, fracasos y deficiencias.

Flores, Maria de Lourdes Flores, Reforma del Estado y Reforma Administrativa, consultada en http://www.diputados.gob.mx/cesop/boletines/no4/7.pdf, 09 de octubre de 2011.

Ensayo de Juan Manuel

Hoy en la clase de seminario de derecho económico se vio las leyes secundarias de los diferentes países que integra la clase, la gran importancia de estas leyes para regir un país y consolidarlo a un función muy grande para la cuestión económica, social y política, en Brasil la ley que rige la vivienda es 11/127 pero se mostro en la vida diaria de las personas que esta ley no cumple las perspectivas de todos, y eso paso con algunos países como es Colombia sobre la seguridad social de las personas que ellos en su ley sobre la salud no aportan lo suficiente y el cual se considera que no cumple para el desarrollo del país y así contar una calidad de vida alta, es así como un país si llego a sus altos grados de nivel mediante la tecnología que se le invierte mediante el articulo 127 sobre la innovación de la tecnología en Corea si cumple este artículos y mediante esto aplican una creciente desarrollo para el país. Sobre los derechos políticos en Venezuela no solo son tres poderes en el país no como en México, si no que se agregan dos poderes más en la llegada de Chávez a la presidencia, el cuales son ciudadano y electoral en lo que se vio en clase fue el electoral que es algo similar al del país México. En conclusión es importante que no nada más estas leyes secundarias estén escritas si no que se impartan a pesar que tengan muchas barreras para que se cumplan pero es algo que se necesita para los países.

Ensayo de luis

Con el tema que vimos hoy en clase, podemos decir que en general las leyes secundarias son de gran importancia para el desarrollo de los países en cuestión de derecho económico, social y políticos. Y haciendo un análisis en general de los países que comentaron en clases, vemos que en países como España que hablando de derechos políticos, refiriéndose al empleo, implementan programas y leyes para acabar con el desempleo, pero en la realidad no cumplen o no se cumplen los objetivos de estas normas, pero también como países como corea que se hablan sobre el misterio de ciencia y tecnología, que ahí si hay ley o un programa con las que si cumplen con los objetivos de estos programas, o también se puede decir que esta institución si tiene eficiencia y así le da un incremento en la calidad de vida y tienen un alto nivel tecnológico en el país. O como en Colombia que hablan sobre seguridad social que también podemos decir que en la institución encargada no cumple con estos objetivos.
Así en conclusión, puedo decir que son muy importantes estas leyes secundarias, pero a veces es muy difícil aplicarlas o que realmente cumplan con el objetivo de esta.

Leyes Secundarias Honduras

Ley secundaria en la Republica de Honduras
Considerando que los niveles de pobreza y marginación social vigentes en el país son causa de una necesidad urgente de aumentar la eficiencia del gasto público y resolver los problemas de calidad del mismo, como un medio para aumentar los niveles de productividad de la mano de obra hondureña y con ella, su nivel de ingreso. Que para atender esta necesidad, el Gobierno de Honduras ha diseñado una Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), misma que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, mediante la declaración de elegibilidad de Honduras en el marco de la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados, para la reducción de la deuda externa y de condonaciones totales o parciales de los saldos adeuda los que permitirá aliviar la restricción que ha impuesto esta obligación financiera sobre la disponibilidad presupuestaria gubernamental, para la asignación de fondos a programas del área social.

El Gobierno de Honduras, por medio del Gabinete Social y en consulta con la sociedad civil, ha definido la necesidad de utilizar los recursos financieros extraordinarios que se generen por esos conceptos, para apoyo la ejecución de programas y proyectos que forman parte de la Estrategia de Reducción de la pobreza por tanto decreta la siguiente ley:

Ley del Fondo para la Reducción de la Pobreza
Y los organismos para que funcione el fondo de regulación de la pobreza, que es uno de los principales objetivos que tiene esta ley, son: Gabinete Social; Consejo Consultivo para la Reducción de la Pobreza; Unidad de Apoyo Técnico (UNAT); Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; y, Banco Central de Honduras (BCH).

Fuente:
Corte suprema de justicia republica de honduras, decreto No. 70 año 2002

Politica Social, Politica y Economica de Honduras

Porque en la Republica de Honduras los derechos tanto económicos, sociales no se cumplen, es por eso que en el país ha estado implementado varios proyectos para poder solucionar estos problemas para ofrecerles una calidad de vida alta, y disfrutar de todos los servicios a los hondureños, mientras que en los derechos políticos después de una larga inestabilidad política y gobiernos autoritarios de carácter civil y militar, Honduras entró en un proceso de estabilidad democrática y de gobiernos electos cada cuatro años mediante el voto popular.

La economía hondureña depende básicamente del sector agropecuario, actualmente la economía del país atraviesa una situación muy difícil por causa de los desajustes financieros, los altos índices de corrupción registrados durante las últimas décadas, la pobreza sigue siendo mayoritariamente rural, siendo estas las áreas que presentan mayores limitaciones en cuanto a cobertura y calidad de los servicios sociales. y más grave en la parte occidental que en otras regiones..Es por eso que PNUD-Honduras apoya la implementación y articulación de políticas, programas, proyectos que contribuyen al desarrollo socioeconómico rural y al fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias.

La pobreza en Honduras apenas ha cambiado desde 1998, a pesar del crecimiento económico positivo de alrededor de 3% anual en términos reales. Si bien el PIB per cápita se ha mantenido estancado en 0.3 por ciento anual, esto explica sólo parcialmente la falta de progreso en los indicadores de pobreza. Entonces, ¿por qué se ha mantenido tan persistente la pobreza en Honduras y qué pueden hacer los encargados de políticas para elevar los niveles de vida? Para investigar las causas y consecuencias de la pobreza del país, se ofrecen opciones de políticas para lograr en forma sostenida la reducción de la pobreza y el crecimiento aunque es un proyecto a largo plazo y no existen soluciones rápidas. Como por ejemplo Mantener un ambiente macroeconómico estable y previsible Acelerar el crecimiento económico y la creación de empleos.